El TJUE cuestiona la temporalidad pública en España

Contexto jurídico del asunto C-418/24

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en el asunto C-418/24 (Obadal), en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. El caso se centra en el análisis de la normativa española relativa al uso de contratos de duración determinada en el sector público, a la luz de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, incorporado por la Directiva 1999/70/CE.

El litigio tiene su origen en la situación de una trabajadora que encadenó sucesivos contratos de interinidad durante varios años en un centro público. La jurisdicción nacional calificó la relación como indefinida no fija, figura que permite la continuidad en el puesto hasta su cobertura definitiva mediante proceso selectivo, con derecho a indemnización en caso de extinción.

Valoración de las medidas españolas

El TJUE recuerda que corresponde a los tribunales nacionales interpretar el Derecho interno. No obstante, establece criterios relevantes para determinar si las medidas adoptadas en España cumplen con las exigencias del Derecho de la Unión.

En primer lugar, el Tribunal cuestiona que la conversión en relación indefinida no fija sea una medida adecuada para sancionar el abuso. Considera que esta solución no elimina la temporalidad, ya que el trabajador sigue sujeto a la eventual cobertura de la plaza, lo que implica una situación de incertidumbre y falta de estabilidad.

En segundo lugar, analiza el régimen indemnizatorio. Señala que las indemnizaciones previstas, al estar limitadas y condicionadas al momento de la extinción, pueden no resultar suficientes para reparar el daño ni para disuadir futuras prácticas abusivas por parte de la Administración.

Responsabilidad administrativa y procesos selectivos

La sentencia también examina el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas. El TJUE indica que solo será adecuado si es claro, previsible y aplicable en la práctica. En ausencia de estas características, no puede considerarse un mecanismo eficaz para sancionar el abuso.

Por otro lado, el Tribunal analiza los procesos selectivos convocados para la provisión de plazas. Aunque en ellos se valore la experiencia previa del trabajador, concluye que no constituyen una solución adecuada, ya que no garantizan la estabilización del empleado afectado. El acceso a la plaza sigue dependiendo de un proceso competitivo abierto a otros candidatos.

Consecuencias de la sentencia

La resolución no decide directamente el caso concreto, pero orienta al Tribunal Supremo, que deberá valorar si el sistema español cumple con los requisitos de efectividad, proporcionalidad y disuasión exigidos por el Derecho de la Unión.

Este pronunciamiento puede tener un impacto relevante en el modelo de empleo público en España, al cuestionar la suficiencia de las medidas actuales para combatir la temporalidad abusiva.