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Remuneración equitativa frente a los gigantes digitales

12/05/2026

El TJUE precisa las condiciones bajo las cuales los Estados miembros pueden garantizar a las editoriales una remuneración equitativa por sus publicaciones en línea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abordado por primera vez las condiciones bajo las cuales los Estados miembros pueden garantizar a las editoriales de prensa el derecho a una remuneración equitativa por el uso en línea de sus publicaciones. La cuestión se planteó a raíz del recurso interpuesto por Meta Platforms Ireland contra la decisión de la Autoridad Garante de las Comunicaciones italiana (AGCOM) que fijó los criterios para su determinación.

El marco normativo italiano

Italia transpuso la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital reconociendo a las editoriales el derecho a una remuneración equitativa y encomendando a la AGCOM su garantía. La normativa impone a los prestadores de servicios la obligación de negociar esa remuneración con las editoriales y de proporcionar los datos necesarios para calcularla, sin que durante las negociaciones puedan restringir la visibilidad de los contenidos.

La decisión de la AGCOM en 2023

Sobre esa base, la AGCOM aprobó en 2023 los criterios para determinar la remuneración equitativa debida por el uso en línea de publicaciones de prensa. Meta Platforms Ireland recurrió esa decisión ante el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, que planteó al TJUE una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del régimen italiano con el Derecho de la Unión.

El contexto: la crisis del modelo económico de la prensa

El Tribunal sitúa el debate en el deterioro del modelo económico de las editoriales provocado por la digitalización. El auge de los servicios de recorte de prensa en línea y la transformación en los hábitos de los usuarios han mermado de forma sostenida sus ingresos. La Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital pretendió corregir este desequilibrio, reconociendo a las editoriales un derecho afín específico que les permite autorizar o prohibir el uso en línea de sus publicaciones.

Los requisitos de la remuneración equitativa

El TJUE declara que el derecho a una remuneración equitativa es compatible con la Directiva siempre que concurran tres requisitos: que constituya la contrapartida económica de la autorización concedida a los prestadores; que las editoriales conserven la facultad de denegar dicha autorización o de concederla gratuitamente; y que no pueda reclamarse remuneración alguna a prestadores que no hagan uso de las publicaciones.

El desequilibrio informativo y la negociación

Las obligaciones de negociación se justifican, a juicio del TJUE, por la posición de desventaja en que se encuentran las editoriales frente a los prestadores. Estos últimos son los únicos que disponen de los datos que permiten cuantificar el valor económico del uso en línea de las publicaciones. Sin acceso a esa información, las editoriales no pueden negociar en condiciones de igualdad una remuneración equitativa.

La prohibición de restringir la visibilidad

La obligación de no reducir la visibilidad de los contenidos durante las negociaciones protege a las editoriales frente a posibles presiones y evita que los prestadores oculten el valor real que obtienen del uso de sus publicaciones.

Las funciones de la AGCOM en el sistema

El Tribunal considera admisibles las atribuciones concedidas a la AGCOM para fijar los criterios de la remuneración equitativa, resolver los desacuerdos entre las partes e imponer sanciones en caso de incumplimiento, dado que todas ellas se orientan a garantizar la eficacia del sistema.

El juicio de proporcionalidad

Aunque las obligaciones impuestas a los prestadores restringen su libertad de empresa, el TJUE aprecia que esa restricción parece justificada y proporcionada. Las medidas permiten alcanzar un equilibrio entre la libertad de empresa, el derecho de propiedad intelectual y el pluralismo informativo. Corresponde al juez nacional comprobar que la normativa italiana cumple en concreto los parámetros señalados por el Tribunal.